Video 1: transcript

Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera etapa de evaluación para el ingreso al Poder Judicial de la provincia de Mendoza, instancia que en esta oportunidad eh la atenderemos de forma virtual para luego pasar al resto de las instancias ya presenciales. Antes que nada me presento, mi nombre es Leandro Passerini, yo soy abogado y actualmente me desempeño como juez de paz letrado y contravencional de la consulta del departamento de San Carlos de la provincia de Mendoza.

En esta oportunidad quiero [carraspeo] contarles qué es la justicia de paz, cómo funciona, cuáles son sus asuntos que tramitan ante estos juzgados y por qué cumple un papel tan importante dentro del Poder Judicial de nuestra provincia. Les cuento un poquito de el origen, de las características, de la evolución de la justicia de paz en Mendoza. Para ello me gustaría comentarles por qué hablamos de los juzgados de paz letrados.

Históricamente la justicia de paz nació vinculada con la necesidad de resolver conflictos cotidianos de la comunidad, especialmente en lugares alejados de los grandes centros urbanos de la provincia de Mendoza. Su desarrollo estuvo asociado con una idea y muy importante, que es que las personas pudieran acudir, acceder a una autoridad judicial sin tener que trasladarse necesariamente a la ciudad, por así decirlo. En sus orígenes, la justicia de paz estaba estrechamente relacionada con la vida de las pequeñas poblaciones, donde se buscaba eh contar con una autoridad que pudiera intervenir en determinados conflictos locales.

Con el paso del tiempo, esta justicia fue evolucionándose, profesionalizándose, adquiriendo nuevas nuevas competencias. Incluso, históricamente, antes se hablaba de los juzgados de paz legos, no juzgados de paz letrados, donde los jueces de paz eran personas como de renombre en estos pueblos, que se les confería esta función de jueces de paz lego. Hoy ya no, hoy ya es una justicia profesionalizada, que cuando nos referimos a órganos judiciales a cargo de jueces de paz, estamos hablando de jueces que son abogados, que deben reunir los que somos abogados, que debemos reunir los requisitos legales para ejercer la magistratura y que tenemos las mismas responsabilidades que cualquier otro juez o jueza de resolver conflictos que la legislación nos asigna específicamente para los juzgados de paz

letrados. Por eso antes se llamaba juzgado de paz lego, porque no se necesitaba quizás una profesionalización profesionalización, hoy sí ya se necesita toda esta profesionalización, por lo que se han transformado en juzgado de paz letrado. Por eso el nombre muchas veces puede llegar a generar cierta confusión. Algunas personas pueden pensar que un juez de paz tiene menos facultades, por ejemplo, que un juez civil o que sus decisiones son menos importantes.

Incluso, en mi caso han llegado a preguntarme si como juez de paz caso gente, pero esto no no es así, claramente los matrimonios se celebran ante el registro civil, no ante la justicia de paz. Los jueces de paz letrados ejercemos una verdadera función jurisdiccional, dictamos resoluciones, sentencias, dirigimos procesos, celebramos audiencias, valoramos pruebas, decidimos de acuerdo con la competencia que la ley nos atribuye específicamente a la justicia de paz.

Nuestras decisiones tienen los mismos efectos jurídicos y están sujetas a los mismos mecanismos de revisión que establece el ordenamiento procesal de la provincia de Mendoza. Además, los jueces de paz letrados formamos parte de la magistratura provincial y contamos con las garantías de la independencia judicial que recién mencionaba, previstas en nuestro ordenamiento. Por eso, cuando hablamos de justicia de paz, no debemos pensar en una justicia informal o carente de un rigor jurídico.

Se trata de una justicia profesional integrada dentro de la estructura del poder judicial de la provincia de Mendoza. Sin embargo, por supuesto, tiene sus características propias que la distinguen del resto de los fueros, del resto de los juzgados. Una de ellas es su competencia, es decir, los asuntos en los que debe intervenir. Otra es su organización territorial, especialmente a través de los juzgados de paz departamentales, que tiene nuestro poder judicial. Y una tercer característica es que en determinados lugares de la provincia hay juzgados de paz que ejercen incluso competencias adicionales, como por ejemplo, una competencia contravencional o incluso todavía en algunos juzgados de paz se ejerce una competencia em de familia, ¿sí? En aquellos departamentos donde no existe un juzgado de familia, los juzgados de paz tienen

una competencia reducida en esta materia. Todo esto hace que la justicia de paz tenga una identidad particular dentro del sistema judicial mendocino. Por eso, para comprender su importancia, debemos conocer qué asuntos resuelve y cómo desarrolla su actividad. Por ejemplo, podemos empezar hablando un poco sobre las competencias civiles y la diferencia con la justicia civil o los juzgados civiles.

Una de las preguntas más habituales es qué diferencia hay entre un juez de paz o una jueza de paz y un juez o jueza civil. Para responder a esta pregunta debemos hablar de [carraspeo] de un concepto que es importante en el derecho que es la competencia judicial. La competencia es sencillamente la facultad que tenemos los jueces para intervenir en ciertos asuntos. Así nuestro código procesal civil, civil, comercial y tributario se aplica a procesos civiles como también a los eh procesos que también tienen la justicia de paz, es decir, un código procesal que se aplica tanto para los juzgados civiles como para los juzgados de paz.

Por eso en su artículo 6 y 7 establece cómo se distribuyen las causas que son competencia de los juzgados civiles y cuáles aquellas que son competencia de los juzgados de paz letrado, es decir, qué proceso tramitan en uno y qué proceso tramitan en otro fuero. Y aquí aparece una distinción que me parece fundamental que es que existen asuntos que corresponden a la justicia de paz por su materia independientemente del monto y otros en los que el monto del reclamo resulta determinante.

Por ejemplo, tenemos procesos que siempre van a la justicia de paz independientemente del monto que se reclama, como son los conflictos derivados de los contratos de locación que se encuentran como regla dentro de la competencia de la justicia de paz. Esto comprende diversas controversias relacionadas con alquileres, como el cobro de un canon locativo adeudado o determinados procesos de desalojo.

Pensemos un un caso cotidiano, una persona que alquila una vivienda y después de algunos meses, el inquilino o la inquilina, el inquilino, deja de pagar. El propietario intenta resolver el conflicto, pero no no obtiene una solución. En estas circunstancias, pueden necesitar acudir a la justicia para reclamar las sumas adeudadas y solicitar la restitución del inmueble si se encuentran reunidos algunos requisitos legales.

Y esta controversia se puede resol, puede ser resuelta por un juez de paz letrado. También tenemos los llamados procesos monitorios que, aunque el nombre puede resultar un poco complicado, se trata de procedimientos especiales previstos para determinados reclamos que cuentan con un documento que reúne los requisitos legales. Por ejemplo, la ejecución de un pagaré o una persona que entrega dinero a otra y lo documenta a través de este pagaré.

O, por ejemplo, si este deudor no cumple con el pago al cual se ha obligado, el acreedor puede promover una un proceso judicial eh para ejecutar este pagaré que ha firmado el deudor. Esto no significa que el juez ordene automáticamente cobrar cualquier documento que se le presente, debe controlar los requisitos legales y garantizar que las personas demandadas puedan ejercer la defensa que les corresponda.

Es decir, que, por ejemplo, encontramos algunos casos que siempre van a la justicia de paz, como son los procesos monitorios, es decir, todos aquellos que cuentan con un documento que la ley habilita a ejecutarlos, pagaré, cheque, hipoteca, prenda, o procesos que por su materia van siempre a la justicia de paz, como son, por ejemplo, los que hablamos recién, los alquileres. Otra competencia que puede ir a la justicia de paz son las cuestiones de consumo y acá sin empiece a importar el monto que se esté reclamando porque es una competencia compartida por así decirlo con la justicia civil, solo que hasta cierto monto corresponde que intervenga la justicia de paz y a partir de cierto monto corresponde que intervenga la justicia civil.

Por ejemplo en el consumo, actualmente todos somos consumidores cuando contratamos internet, utilizamos una tarjeta de crédito, adquirimos un producto, estamos celebrando relaciones jurídicas de consumo. Y pueden surgir conflictos cuando un proveedor incumple sus obligaciones, el producto es defectuoso se cobran importes que no correspondan, en estos casos la legislación establece mecanismos de protección para los derechos de los consumidores.

La justicia de paz interviene en las controversias sobre contratos de consumo que se encuentren dentro de un de este límite económico establecido. También intervenimos en cuestiones de responsabilidad civil que al igual que el consumo depende del monto reclamado, hasta cierto monto corresponde la intervención de la justicia de paz y a partir de cierto monto es corresponde la intervención de la justicia civil.

¿A qué me refiero con responsabilidad? Y por ejemplo cuando una persona sufre daños materiales como consecuencia de un accidente de tránsito puede reclamar una indemnización. Dependiendo del monto y de las demás circunstancias del caso la competencia puede corresponder a la justicia de paz o a la justicia civil. [carraspeo] Es importante aclarar que este monto que determina la competencia de uno u otro juzgado no es una cifra fija sino que nuestra Suprema Corte de Justicia periódicamente va modificando ese monto.

El Poder Judicial utiliza un una unidad de medida que se llama jus, J U S, que periódicamente, a través de una acordada de la Corte de Mendoza, se va actualizando. Por ejemplo, hoy, el jus, hoy a octubre del 2026, el jus para determinar la competencia está en aproximadamente 630.000 pesos, un jus. Así, hasta 20 jus corresponde la intervención de la justicia de paz, a partir de 20 jus corresponde la intervención de la justicia civil.

De esta manera, la distribución de competencias puede adaptarse a los cambios económicos sin depender exclusivamente [carraspeo] de una suma nominal de dinero. Otra competencia especialmente interesante es la vinculada con los conflictos entre vecinos, por ejemplo, que pueden tramitar por lo que se llaman los procesos de pequeñas causas. Imaginemos a dos vecinos que tienen un conflicto que reúne los requisitos para ser abordado, por ejemplo, un conflicto por una medianera, un conflicto por una cuestión de humedad o por un problema de un árbol que se ha plantado sin respetar las distancias necesarias para ello. En estos casos, el ordenamiento busca ofrecer una vía adecuada para resolver determinadas controversias cotidianas, procurando evitar un proceso judicial muy complejo que ter que termine convirtiéndose en una barrera para

acceder a la justicia. Y aquí quiero detenerme en un aspecto importante, que es el hecho de que un proceso sea sencillo o que un el monto económico involucrado no sea, quizás tan elevado, no significa que el conflicto carezca de importancia. Para una persona, una deuda relativamente pequeña puede representar una parte importante de sus ingresos, un problema con una empresa puede afectar la economía familiar, un conflicto relacionado con una vivienda puede generar una preocupación considerable, supongamos en un desalojo, por eso los juzgados de paz administran justicia dentro de un ámbito de competencia específico y que deben hacerlo con el mismo respeto a las garantías constitucionales, derecho de defensa, imparcialidad y la obligación de fundar nuestras decisiones judiciales.

Es decir, que justicia de paz y justicia civil comparten muchos de sus principios y procedimientos, pero la diferencia está en los asuntos que la ley atribuye a cada uno de estos de estos órganos, ¿sí? Otra particularidad interesante de la justicia de paz de Mendoza es que no todos los juzgados tienen la misma competencia. En algunos departamentos y localidades de nuestra provincia, determinados juzgados de paz, como dije recién, conservan atribuciones en materia de familia, como son, por ejemplo, el juzgado de paz de Santa Rosa, de Las Catitas, de La Paz, constituyen un ejemplo de este tipo de juzgado de paz que aún mantienen su competencia en familia. Esto significa que además de intervenir en estos asuntos civiles que recién mencionaba, pueden conocer también en determinadas cuestiones vinculadas al derecho de

familia dentro de ciertos límites, no todos los procesos de familia. Y esto tiene una explicación muy importante, que los conflictos familiares suelen involucrar situaciones especialmente sensibles que requieren una respuesta judicial cercana, oportuna, adecuada. Pensemos, por ejemplo, en una persona que necesita acudir a la justicia por una cuestión relacionada por su grupo familiar o por violencia familiar. Si vive en una localidad alejada de los principales centros judiciales, la necesidad de trasladarse a otra ciudad puede representar una dificultad considerable.

Por eso, la atribución de determinadas competencias familiares a los juzgados de paz departamentales responde también a la necesidad de facilitar el acceso a la justicia, ya que en esos lugares aún no existe un juzgado de familia departamental. Naturalmente, esto no significa que los juzgados tengan necesariamente la misma competencia, como decía recién, de un juzgado de familia. Tienen una competencia reducida, establecida específicamente en este caso por el Código Procesal de Familia. Sus atribuciones son específicas y se encuentran delimitadas por las normas procesales que actualmente rigen en la materia. Pero su existencia demuestra que la justicia de paz de Mendoza tiene una organización que contempla particularidades territoriales y necesidades de distintas comunidades. Esto nos permite comprender

algo que es fundamental, que la justicia de paz no es solamente una justicia que interviene en asuntos civiles o de menor cuantía. Es también una institución que en ciertos lugares de nuestra provincia cumple funciones adicionales para acercar la administra- la administración de justicia a la ciudadanía. [grito ahogado] Hasta aquí hemos hablado de competencias civiles de los juzgados de paz y de algunas funciones espe- especiales que conservan determinados juzgados departamentales.

Pero en Mendoza existe también la competencia atribuida a ciertos juzgados que tiene que ver con una competencia contravencional. Por eso, por ejemplo, yo me presenté al principio de esta de esta exposición como juez de paz letrado y contravencional. Es el caso en el lugar donde yo me desempeño actualmente, como [carraspeo] es en la consulta, en el departamento de San Carlos. Ahora bien, ¿qué significa que un juzgado tenga competencia contravencional?

Para comprenderlo, primero debemos explicar un poquito qué es una contravención. Su Seguramente todos conocemos al menos de manera general qué es un delito. Sabemos qué conductas como el robo, las lesiones, el homicidio pueden constituir delitos previstos por el Código Penal, pero también existen otras conductas que sin llegar a ser necesariamente delitos afectan determinados aspectos de la convivencia social, la tranquilidad, la seguridad, el orden público y que pueden ser sancionadas por la legislación contravencional.

En Mendoza contamos con un Código Contravencional provincial previsto por la ley 9099, que regula diferentes infracciones, sanciones aplicables y el procedimiento correspondiente. La diferencia entre un delito y una contravención no es que simplemente uno sea más importante que el otro, sino que surge de los ordenamientos jurídicos que lo regula. Los delitos están regulados en el Código Penal, en leyes nacionales específicas, mientras que la contravención está prevista por el Código Contravencional provincial, que determina cuáles son aquellas conductas que constituyen una contravención. Asimismo, mientras los delitos se prevén a nivel nacional, las contravenciones se prevén a nivel provincial, es decir, que Mendoza regula cuáles son las contravenciones dentro de su territorio.

Y esto es importante porque una conducta contravencional también puede generar consecuencias jurídicas significativas. Por ejemplo, la ley puede establecer sanciones de multa, de trabajo comunitario, de arresto, según la infracción y las circunstancias del caso a las que eh nos hayamos eh decidiendo al haber sido sometido a nuestra competencia, nuestra a nuestra decisión.

Un ejemplo de contravención podemos mencionar la conducción de vehículos en determinados niveles de alcohol en sangre, una conducta que se encuentra actualmente contemplada en la legislación contravencional provincial y eh que lamentablemente es de las conductas que más vemos en eh los juzgados contravencionales. ¿Por qué se sancionan estas conductas? Y porque el Estado busca proteger determinados bienes jurídicos, como son la seguridad de las personas, la convivencia social, pero es importante comprender que el juez contravencional no tiene como función sancionar automáticamente a toda persona denunciada, sino que nuestra tarea consiste en analizar si efectivamente se ha cometido una infracción, infracción, si esa conducta está prevista por la ley, si existen pruebas suficientes y si se han respetado las garantías

correspondientes. Veamos un ejemplo. Supongamos una persona que es sometida a un procedimiento por una presunta infracción contravencional. Esta persona tiene derecho a conocer qué conducta se le atribuye, a ejercer su defensa, a ofrecer las pruebas que correspondan y a obtener una decisión fundada. [carraspeo] La sola existencia de una denuncia o de un acta no significa que automáticamente deba imponerse una sanción. El juez debe examinar las circunstancias del caso y verificar si se encuentran reunidos los requisitos legales para determinar una responsabilidad contravencional.

Aquí aparece un principio fundamental de nuestro sistema jurídico, que es la presunción de inocencia. Toda persona debe ser considerada inocente mientras no se determine su responsabilidad mediante un procedimiento correspondiente. Y también resulta esencial el principio de legalidad. Esto significa que nadie puede ser sancionado por una conducta que no se encuentre previamente contemplada como infracción por una norma prevista por el Código Contravencional.

Otro aspecto interesante de la justicia contravencional es que tiene un procedimiento propio con características que la diferencian de los demás procesos, como un proceso civil. En un proceso civil normalmente existe una persona que representa a otra, a un abogado, perdón, que representa una persona que presenta una demanda contra otra persona para obtener el reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación. En cambio, en [carraspeo] materia contravencional, el procedimiento está vinculado con el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado. Por eso la intervención del juez tiene una tiene una [carraspeo] naturaleza diferente. Mientras en un proceso civil podemos estar discutiendo si corresponde pagar una deuda o indemnizar un daño, en una causa contravencional analizamos si una persona ha realizado una conducta prohibida por la legislación contravencional y si corresponde imponer una sanción.

También debemos mencionar que el Código Contravencional establece reglas particulares respecto a la intervención de otros organismos judiciales, por ejemplo, en el procedimiento contravencional previsto por la ley 9099, el Ministerio Público Fiscal no interviene, como sí lo hace, por ejemplo, en los procesos penales. La ley establece que el juez contravencional puede tomar una intervención de oficio o a partir de una denuncia y regula específicamente la forma en que debe desarrollarse el procedimiento.

Y acá quiero destacar algo, que la función del juez contravencional no debe entenderse únicamente de una perspectiva sancionadora. También cumple una función institucional vinculada con la protección de la vivencia y el respeto por las normas que organizan la vida en sociedad. Las reglas de convivencia existen porque vivimos en una comunidad y porque nuestras conductas pueden afectar los derechos y la seguridad de otras personas.

En este sentido, la justicia contravencional contribuye a que esas reglas puedan ser aplicadas mediante procedimientos legales y con control judicial. No se trata simplemente de imponer multas o sanciones, se trata organizar, de garantizar que cuando el Estado ejerce una potestad sancionadora lo haga dentro de los límites que, por supuesto, establece el derecho. Y esa función es especialmente importante en un Estado democrático, porque incluso frente a una infracción, toda persona siempre conserva sus derechos y su garantía.

En definitiva, ¿cómo funciona cotidianamente un un juzgado de paz? Hasta ahora hemos hablado de competencias, de procesos, de las leyes, pero me gustaría hablarles brevemente cómo funciona un juzgado de paz en la práctica. Porque cuando pensamos en un tribunal, generalmente imaginamos un juez dictando una sentencia. Sin embargo, esa es solamente una parte de la actividad judicial. Un juzgado está integrado por un equipo de trabajo compuesto por jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas judiciales que cumplen diferentes tareas.

En los juzgados de estructura tradicional, la secretaría desempeña una función fundamental en la organización y tramitación de expedientes. Los empleados judiciales también desarrollan una tarea indispensable relacionada con la gestión de las actuaciones, las notificaciones, la atención al público, las distintas actividades necesarias para el funcionamiento del tribunal. En otras dependencias, estas funciones se organizan mediante modelos de gestión judicial asociada, que son varios juzgados integrados en los que determinadas tareas administrativas se desarrollan de manera conjunta. Pero independientemente del modelo de organización, si es un juzgado tradicional o si es una gestión asociada, hay algo que resulta fundamental, que es el trabajo en equipo dentro del poder judicial. Cuando una persona inicia un proceso judicial, comienza una serie de de actuaciones que

deben desarrollarse conforme normas procesales. Se presentan escritos, se dictan resoluciones, se practican notificaciones y cuando corresponde se produce la prueba y se celebran audiencias. En algunos casos puede ser necesario escuchar a testigos, analizar documentos o recurrir a la intervención, por ejemplo, de peritos, personas con un conocimiento específico. Y una vez que el asunto se encuentre en condiciones de ser resuelto, ahí recién es cuando el juez o la jueza debe dictar la decisión correspondiente.

Pero también existen procesos en los que las partes logran alcanzar un acuerdo, y esto es algo que considero especialmente valioso, ya que no todos los conflictos necesitan terminar con una sentencia que le dé razón a una parte y rechace la pretensión de la otra. En determinadas [carraspeo] circunstancias, y siempre que el ordenamiento jurídico, por supuesto, lo permita, las partes pueden encontrar una solución consensuada, una solución pacífica. La conciliación y los mecanismos adecuados de resolución de conflictos, alternativos de resolución de conflictos, pueden contribuir a que las controversias se solucionen de manera más más rápida, más satisfactoria. Por eso el trabajo en un juzgado no se limita solamente a dictar sentencias, también implica organizar procesos, garantizar derecho de defensa, celebrar audiencias, facilitar los acuerdos cuando correspondan, y procurar que las decisiones judiciales puedan puedan cumplirse. Todo ello requiere el

compromiso de todas las personas que integramos el el tribunal. Para finalizar, em, quisiera destacar una característica que considero especialmente importante de la justicia de paz de Mendoza, que es su presencia territorial. Nuestra provincia tiene departamentos y localidades que se encuentran, como decíamos recién, alejados de los centros más urbanos. Y esa realidad geográfica puede generar dificultades para que muchas personas puedan acceder al servicio de justicia. Por eso la existencia de juzgados de paz departamentales cumple una función fundamental. Permite que los ciudadanos puedan encontrar un órgano judicial dentro de su propia comunidad sin necesidad de trasladarse siempre a las ciudades. Esto ocurre, por ejemplo, en el Valle de Uco, donde yo

trabajo, que existen juzgados de paz en distintas localidades. Así encontramos el juzgado de paz de la consulta y San Carlos, el juzgado de paz de Tunuyán y el juzgado de paz de Tupungato. Desde mi experiencia como juez de paz de la consulta, considero que esta cercanía tiene un valor muy muy importante. Porque en comunidades más pequeñas, muchas veces el juzgado constituye una de las expresiones más más directas y visibles del poder judicial y eso implica una gran responsabilidad.

La cercanía con la comunidad no significa que el juez o la jueza pierdan independencia, pierdan imparcialidad. No, por el contrario, debemos mantenerla siempre, pero procurando al mismo tiempo que las personas reciban un trato respetuoso, puedan comprender los procedimientos en los que intervienen. Muchas veces detrás de un expediente judicial existe una preocupación muy muy importante para alguien. Puede ser un conflicto con su vivienda, una deuda, un problema de consumo, una situación que afecta su vida cotidiana, una situación de violencia intrafamiliar.

Y aunque para quienes trabajamos en la justicia, ese expediente puede ser parte de muchos otros expedientes que tramitamos, la persona involucrada puede representar un Claro, la persona involucrada puede representar un problema central de su vida. Por eso considero que la justicia cercana no es solamente aquella que se encuentra geográficamente próxima, es también una justicia que escucha, que brinda un trato digno, que explica sus decisiones, que procura ofrecer respuestas oportunas y fundadas. En definitiva, la justicia de paz cumple una función esencial dentro del poder judicial de Mendoza, No solamente por los asuntos que resuelve, sino porque constituye una parte del poder judicial, contribuye, mejor dicho, a garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad para que las personas que viven en distintos departamentos, distritos de nuestra provincia puedan alcanzar el

acceso a la justicia. La justicia, como dije al principio, debe ser independiente, debe ser imparcial, pero también debe ser accesible, comprensible y debe ser humana. Creo que la justicia de paz representa, de una manera muy concreta, ese compromiso de acercar el poder judicial a la comunidad en general. Espero haberle sido de utilidad y que puedan comprender en qué consiste esta justicia de paz y, bueno, muchos éxitos en este ingreso al poder judicial.

Muchas gracias.